Los jueces se rebelan por la falta de medios y trabajarán sólo lo que fija la ley
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Los jueces de Valencia acordaron ayer trabajar sólo lo que establece el reglamento en protesta por la falta de medios en la Administración de Justicia. Se suman así a las protestas que sus compañeros están organizando por toda España.
Aunque no han llegado al extremo de los magistrados de Murcia y Extremadura, que anuncian la posibilidad de convocar una huelga durante el próximo mes de febrero, sí acordaron dejar bien claro su malestar ante la situación en la que se encuentra la Justicia en España.
La Junta de Jueces de Valencia decidió en su reunión poner en marcha una serie de medidas tendentes "a limitar los señalamientos y actuaciones ajustándolas a la ratio o módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Es decir, los magistrados valencianos, en una medida similar a la adoptada por sus compañeros de Madrid y Las Palmas, trabajarán según lo estipulado por la legislación, limitándose a cumplir el reglamento como señal de protesta y reduciendo el número de expedientes que entren en los juzgados a los mínimos establecidos por el CGPJ.
La medida, según el comunicado, se adopta "con el único fin de estudiar los asuntos, en todas sus incidencias, con la debida serenidad y atención".
Además, los jueces señalaron que la medida se concretará en las reuniones de las juntas sectoriales que se celebrarán en los próximos días atendiendo "a las particularidades de cada orden jurisdiccional".
Críticas
También señalaron que ha llegado el momento de poner fin a las palabras y empezar con los hechos. Exigieron así la inmediata puesta en marcha de las medidas prometidas por las Administraciones.
El comunicado emitido por la Junta de Jueces precisa que no se oponen al proyectado Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. Este documento recoge "en lo sustancial" las reivindicaciones formuladas por los jueces decanos ante el máximo órgano de dirección de la magistratura.
De todas formas, la aceptación de los jueces valencianos del Plan de Modernización incluye matices y denuncia "su falta de concreción" en algunos aspectos, como el calendario, la carga de trabajo de los magistrados y el incremento y revisión de la planta judicial. Por ello, anunciaron que están a la espera del texto definitivo de las ponencias encomendadas a los jueces decanos para hacer firme su posición.
Los profesionales valencianos instaron al CGPJ para que el Plan de Modernización se ponga en marcha de forma inmediata. Explicaron que algunas de las medidas incluidas en el documento "requieren un mero desarrollo reglamentario y no precisan desembolso económico". Pese a ello, denunciaron que ninguna "se ha llevado a efecto hasta la fecha".
También reclamaron al CGPJ que exija ante el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, "con firmeza y contundencia", el necesario esfuerzo presupuestario y la inmediata puesta en práctica de las soluciones proyectadas sin perjuicio de que se desarrollen en el texto definitivo del Plan de Modernización de la Justicia.
En consecuencia, exigieron al Gobierno y las autonomías que se comprometan a adoptar "las medidas legislativas y presupuestarias necesarias" para que el Plan de Modernización de la justicia "sea un hecho real, pasando de una vez por todas de las palabras a los hechos". Para los jueces, las Administraciones todavía no han cumplido este compromiso.
Mientras, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, afirmó ayer que ni los jueces ni los fiscales tienen reconocido el derecho de huelga. "Entiendo que no tenemos ese derecho reconocido", dijo durante la clausura en Valencia de las V Jornadas de Justicia y Comunicación.
El derecho de huelga "no está reconocido, ni prohibido. No está previsto", según Bravo, quien recordó que éste se recoge expresamente en la Constitución a los trabajadores y a cualquier ciudadano y sin embargo en el marco de los jueces y fiscales no está reconocido.
Fuente: Lasprovincias.es
Aunque no han llegado al extremo de los magistrados de Murcia y Extremadura, que anuncian la posibilidad de convocar una huelga durante el próximo mes de febrero, sí acordaron dejar bien claro su malestar ante la situación en la que se encuentra la Justicia en España.
La Junta de Jueces de Valencia decidió en su reunión poner en marcha una serie de medidas tendentes "a limitar los señalamientos y actuaciones ajustándolas a la ratio o módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Es decir, los magistrados valencianos, en una medida similar a la adoptada por sus compañeros de Madrid y Las Palmas, trabajarán según lo estipulado por la legislación, limitándose a cumplir el reglamento como señal de protesta y reduciendo el número de expedientes que entren en los juzgados a los mínimos establecidos por el CGPJ.
La medida, según el comunicado, se adopta "con el único fin de estudiar los asuntos, en todas sus incidencias, con la debida serenidad y atención".
Además, los jueces señalaron que la medida se concretará en las reuniones de las juntas sectoriales que se celebrarán en los próximos días atendiendo "a las particularidades de cada orden jurisdiccional".
Críticas
También señalaron que ha llegado el momento de poner fin a las palabras y empezar con los hechos. Exigieron así la inmediata puesta en marcha de las medidas prometidas por las Administraciones.
El comunicado emitido por la Junta de Jueces precisa que no se oponen al proyectado Plan de Modernización de la Justicia aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial. Este documento recoge "en lo sustancial" las reivindicaciones formuladas por los jueces decanos ante el máximo órgano de dirección de la magistratura.
De todas formas, la aceptación de los jueces valencianos del Plan de Modernización incluye matices y denuncia "su falta de concreción" en algunos aspectos, como el calendario, la carga de trabajo de los magistrados y el incremento y revisión de la planta judicial. Por ello, anunciaron que están a la espera del texto definitivo de las ponencias encomendadas a los jueces decanos para hacer firme su posición.
Los profesionales valencianos instaron al CGPJ para que el Plan de Modernización se ponga en marcha de forma inmediata. Explicaron que algunas de las medidas incluidas en el documento "requieren un mero desarrollo reglamentario y no precisan desembolso económico". Pese a ello, denunciaron que ninguna "se ha llevado a efecto hasta la fecha".
También reclamaron al CGPJ que exija ante el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, "con firmeza y contundencia", el necesario esfuerzo presupuestario y la inmediata puesta en práctica de las soluciones proyectadas sin perjuicio de que se desarrollen en el texto definitivo del Plan de Modernización de la Justicia.
En consecuencia, exigieron al Gobierno y las autonomías que se comprometan a adoptar "las medidas legislativas y presupuestarias necesarias" para que el Plan de Modernización de la justicia "sea un hecho real, pasando de una vez por todas de las palabras a los hechos". Para los jueces, las Administraciones todavía no han cumplido este compromiso.
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